Descentralización y Financiamiento
La descentralización del Estado no tiene nada que ver con la jibarización del aparato estatal.
Así es, no puede confundirse destrucción del Estado con Descentralización. De todas formas se ha ido instalando la idea de que el Estado llega hasta los gobiernos provinciales y sus oficinas, pero ello desconoce que el Estado en realidad llega hasta el nivel municipal. Es este nivel el más cercano a la gente, el único capaz de construir una relación cercana y franca con la comunidad y por ello, debe estar financiado.
El problema es que hemos avanzado hacia un desfinanciamiento municipal y no a una descentralización efectiva. Confundir los conceptos es insano.
Una descentralización efectiva consistiría en dejar de ver la Municipalidad como una caja pagadora, e implementar a través de ella los distintos programas que existen a nivel central, porque las municipalidades han demostrado resultados más efectivos a la luz de las fiscalizaciones de que son objeto. Cuando se ha llegado a producir una irregularidad, los procedimientos de los organismos de control han sido más efectivos y ejemplarizadores que en muchos otros casos.
El Estado llega al nivel municipal y como tal no puede permitirse que este nivel se pauperice, de modo tal que la población siga afectándose como hasta ahora.
Por ello, la Asociación Chilena de Municipalidades con Claudio Arriagada a la cabeza, está implementando una agenda que permita sensibilizar a la autoridad y crear las condiciones de diálogo que apunten a replantearse el gasto e inversión presupuestario a nivel estatal, para las municipalidades.
Le invitamos a permanecer en alerta e informado sobre los acuerdos de la AChM.
Educación según la Alianza?
“Cocinando con pasión” no es saber cocinar… o cómo los clichés en educación no funcionan. Una respuesta a la propuesta de educación de la Alianza.
Discutir el problema de la educación desde maniqueísmos no ayuda en nada, no aporta en la discusión, sino levanta “voladores de luces” que bien sirven a un discurso entre derechas, pero no a uno dirigido a la ciudadanía, aportando al mejoramiento de un sector tan sensible, y es quizás, este problema lo que resta seriedad a una propuesta de la Alianza. Ello, porque contando con profesionales de excelencia, simplifican el discurso a niveles que cuestionan la propia formación de los críticos. Así, si los niños no distinguen entre el círculo y el cuadrado, nuestros parlamentarios de la Alianza, parecen no distinguir entre Educación e intereses económicos.
Efectivamente, los resultados en educación están cuestionados y aunque todos entienden que la principal responsabilidad está en los procesos del aula, no se entregan los mínimos necesarios en la ecuación pública para el mejoramiento del sistema, a partir de esta base. Así, toda la discusión la hacen girar en torno al problema del mercado y no en torno a la cuestión pedagógica, que probablemente es el centro del asunto.
Deseamos ser enfáticos en que el cuestionamiento al Estado Docente es un discurso regresivo que no aporta en absoluto, pues justificar una posición de mercado en contraposición a una política de los años ’40 es un ejercicio estéril. En un Estado Nacional, donde la educación juega un papel fundamental de cohesión y construcción del mismo, esta no puede estar librada al azar del mercado. Al Estado le corresponde un papel normador nos guste o no, que oriente el proceso educacional. Aquello de una “sociedad docente” es una propuesta que no resiste mayor análisis, pues es un limbo sin contenido alguno, que nuevamente lo señalamos, bien sirve a un discurso de derechas, pero no a la solución del problema de la inequidad en el sistema.
En seguida, la defensa de la diversidad a través de la construcción de proyectos educativos, anota un grueso desconocimiento de la realidad, pues para todos los que participamos en el sistema educacional, esta es una obligación que ha debido afrontar todos y cada uno de los establecimientos del país. Pero esos proyectos educativos están contrapuestos a normas y micropolíticas de educación que sólo se aplican a los “municipales” y no a los subvencionados, que son actores privados que usufructúan del presupuesto estatal para educación, pero sin estar sujetos al rigor que muestran las Seremis y Provinciales en su relación con los colegios municipales.
La diversidad de proyectos está presente hoy, se respeta y se promueve, lo sabemos, por lo que el problema no radica allí.
El trabajar por una enseñanza de excelencia está ligado a mejorar y fortalecer los procesos dentro del aula, a través de una política de educación que privilegie la excelencia y no la mediocridad. Ello es posible en la escuela municipal, siempre que se compita en igualdad de condiciones con los subvencionados, cosa que no ocurre. El problema de la calidad no es una ineficacia del sector público por si, sino por la micropolíticas que se obliga a seguir a este sector y a las que no están obligadas los colegios subvencionados.
En otro sentido, el cuestionamiento a la libertad que funda la propuesta de los aliancistas, no tiene sustento en la realidad, pues no existe una política ni oculta ni deliberada que apunte a suprimir la posibilidad que privados usufructúen de los dineros fiscales para emprender proyectos de colegios y/o liceos. Es más, para nadie es un misterio que la discusión respecto a la LOCE, no ha pasado de ser puramente moralista –de que es ilegítima pues fue promulgada por la Dictadura- obviando el verdadero sentido de la crítica, que radicaba en la situación antes expuesta: la existencia de privados que sin más requisito que acreditar 4º año de Enseñanza Media, pueden implementar un colegio y/o liceo, con financiamiento fiscal y muy poca regulación.
Estamos de acuerdo que sería saludable que los padres pudieran escoger los establecimientos donde se educarán los hijos, pero sabemos que mensualidades privativas son una cortapisa cruel a esta pretendida “libertad”. La libertad del mercado ha demostrado su enorme inconsistencia, pues sólo provoca mayores frustraciones en quienes creen merecer una ecuación de calidad, llegando a situaciones de verdadera discriminación decimonónica.
Luego, hablar de que el Estado debe garantizar una educación de calidad es como señalar que para cocinar bien, basta con la pasión. Cuando queremos aprender a cocinar, esa máxima no es más que retórica barata y no aporta en absoluto a la formación de un chef. Al igual que en el ejemplo, cuando se habla de que el Estado es el responsable de otorgar una educación de calidad sin decir cómo, sin señalar cómo se hace ello, con un sistema normativo altamente inclusivo, a costa del relajamiento de condiciones básicas para la escolarización, no son más que palabras vacías lanzadas al viento.
Luego y en el ámbito de las propuestas, todas y cada una han sido prioridad el actual gobierno y se están desarrollando todas las acciones conducentes a materializar dicha política pública, por lo que las mentadas medidas que impulsa la Alianza, nuevamente no son más que palabras al viento.
Pero entre ellas hay una que preocupa y donde estriba efectivamente la diferencia entre las visiones que sustenta la derecha y la gente trabajadora: el punto 4.
El financiamiento compartido es posible en los estratos minoritarios de nuestra sociedad, esto es en los ABC y D (aunque este último, con muchísimo esfuerzo), pero la gran mayoría de los chilenos no están en condiciones de destinar mucho más a educación, cuando hasta el acceso a salud es casi privativo.
Que una familia como la mayoría de las familias, con ingresos que no superan los $ 250.000 pueda destinar dinero a co-pagos es francamente irrisorio y demuestra una desconexión total con la realidad o de una crueldad a toda prueba.
En lo referente al apoyo municipal y la gestión de educación, debemos señalar que la solución no estriba en poder “desvincular” profesores a diestra y siniestra sin cancelar las obligaciones laborales que por ley corresponden, sino más bien, a resolver los enormes descriterios que encierran las micro políticas de educación, en lo referente a un sistema en extremo inclusivo, donde los méritos personales naufragan en un mar de permisividad fomentado por reglamentos de evaluación absolutamente laxos, reglamentos de convivencia inoperantes y siempre sujetos a las sensibilidades de autoridades políticas, que acogen acciones que socavan la autoridad de los docentes y directivos, que permiten el desarrollo de la ley del mínimo esfuerzo y que terminan por dar señales nefastas a los niños y niñas que llegan al sistema.
Así mismo, no estamos dispuestos a retirar los beneficios ligados al perfeccionamiento docente. El perfeccionamiento docente difícilmente va a ser promovido con prácticas administrativas que apuntan a retirar beneficios inherentes a dicho perfeccionamiento. La sola evaluación docente no es suficiente para extender la necesidad del perfeccionamiento.
Hemos sostenido con fuerza que la calidad de la educación no está necesariamente ligada a lo que la derecha llama “rigideces del sistema”. El Estatuto Docente debe ser defendido y el fortalecimiento de la función docente lo concebimos como un pilar fundamental del mejoramiento de la educación pública.
Finalmente, la necesidad de reformar el Ministerio de Educación ha sido una preocupación actual y es parte de las políticas que se están implementando hoy, por lo que insistimos que cualquier iniciativa que busque extender las reglas del mercado en un ámbito tan sensible para la comunidad, como es la educación, debe encontrar una contra respuesta inmediata.
Nosotros estamos empeñados en mejorar la educación, pero no a través de clichés facilistas y vacíos, sino en la conformación de una política pública en Educación, consistente y coherente, sin preeminencia del mercado.
Editorial El Mercurio del 11 de Octubre
¿De qué se trata el exabrupto gratuito de El Mercurio, en medio de las discusiones sobre educación?
En la editorial del día miércoles 11 de Octubre, que parte con una pregunta respecto al tamaño del mercado de la educación, se hacen una serie de afirmaciones del todo antojadizas que dan para pensar.
El informe de la OCDE a que hace referencia la Editorial en cuestión, no apunta en la dirección que allí se le atribuye, sino al énfasis que se da en considerar la competencia mercadista como LA –así con mayúscula- solución al problema de la calidad. Se supone que el mercado, al proveer un servicio con mayores opciones, en la competencia produce una diferenciación por calidades. Pero no se hace análisis sobre las condiciones de dicha diferenciación que sólo enunciaremos: la selección y la inclusión de los alumnos.
La información al público ha sido un gran avance, pero deberían publicitarse también los estándares de selección y de conservación de la matrícula, entre establecimientos de diversa dependencia. Ello nos completaría un mapa incómodo, donde evidentemente, los municipales se encuentran “compitiendo” en un mercado de selección “sobre regulado” para unos y “desregulado” para otros.
Pero, sin embargo la Editorial hurga en la idea de que las condiciones desiguales entre establecimientos municipales y el resto, va por el lado de la autonomía para definir equipos docentes, como la única panacea para acortar las brechas que diferencian a los establecimientos, pero ello más bien está ligado a problemas de costo que pueden ser preocupación preferente de empresarios, pero no es un nudo del problema de la calidad. Ante la afirmación de que al estar imposibilitados los municipales de despedir a los docentes con entera libertad, como en el sector privado, no existe la posibilidad de coerción –perdón, “incentivo”- para mejorar, se opone que si bien es cierto no se puede despedir con facilidad, se ha mermado peligrosamente las posibilidades de liderazgo de los profesores y se les ha restado toda autoridad, al no poder imponer criterios pedagógicos acertados, pero contrarios a una serie de micro políticas en educación, que siendo muy loables en su origen conceptual, son contraproducentes, por ejemplo, la rebaja de las exigencias académicas para prevenir la repitencia; o la retención escolar que esconde la imposibilidad de abordar la indisciplina, tanto en el aula, como en el ámbito del colegio; la posibilidad de reprobar dos subsectores –antiguas “asignaturas”- sistemáticamente durante los 12 años obligatorios, sin repetir el curso, por nombrar sólo tres.
Con respecto a la repetida intención de estigmatización sobre los liceos municipales, en que se empeña la Editorial, debemos hacer notar que es muy difícil mantener la disciplina teniendo que cargar con el programa “Liceo Para Todos”, o con una Provincial de Educación o Departamentos de Educación Municipal que reacciona con criterios políticos ante las presiones de grupos de apoderados. Entonces allí la disciplina es una regulación que atenta contra la “inclusión” de modo impresentable… sin embargo en el sector privado, este es un capital importante. Entonces el “mercado” opera sí con reglas dispares.
El Estado ha fallado indudablemente, dando garantías de descentralización en el sector privado y semiprivado y aplicando micro políticas en educación que se contradicen con los conceptos por los cuales se rigen otros, que también reciben incentivo estatal.
Estamos absolutamente de acuerdo en ir definiendo estándares mínimos de desempeño de los establecimientos y monitoreando estrictamente su cumplimiento mediante una institución pública especializada, pero si ello no está acompañado de un marco regulatorio en lo micro, igual para todos, no tiene ningún sentido.
Finalmente, carece de todo sustento la afirmación respecto a la incompetencia del Estado Docente y su papel en el desarrollo nacional, en un período particular de la Historia de Chile.
Es penoso constatar que El Mercurio se haya comprometido con una política que siembra dudas en educación, pues todos sabemos –y la Historia así lo demuestra- que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
Respuesta a Marcela Cubillos y Cristián Monckeberg sobre Educación
En educación no existe un supuesto “sujeto principal” del proceso educativo, pues al tratarse de un proceso colectivo, la definición de “sujetos principales” y por consecuencia, de “sujetos secundarios” y hasta “terciarios” es un despropósito. El proceso educativo es colectivo; tiene que ver con las familias, con los docentes, con los co-docentes, con los niños y niñas, con la comunidad.
Entendemos que para efectos de facilitar la confección de políticas refundacionales, lo mejor es establecer esta suerte de “sujetos” clasificados por categorías, pues al situar la preeminencia en niños y adolescentes, se hace fácil establecer la inhabilidad de ellos y el resto de los involucrados en segundos y terceros órdenes, para trabajar en la reformulación del sistema, acotando la participación como siempre a unos pocos técnicos. Esta conjunción en una relación claramente dispar, no hace otra cosa que marginar a la propia sociedad de la tarea de construir los lineamientos de un sistema que es crucial y que se encuentra en crisis, por sus resultados sociales, más que académicos.
Pretender una visión unilateral de la participación y reservar el pluralismo entonces, a la visión de unos pocos “directamente” interesados en la cuestión educacional v/s “los alumnos”, no nos parece el mejor camino, pues la experiencia del trabajo de la Comisión Brunner, el cual fue excluyente, nos demuestra las debilidades de dicho modelo.
Por otra parte, el argumento de que la calidad de la educación debía mejorar con la inyección de cuantiosos recursos, es una majadería que no se sostiene. La inyección de recursos más fuerte fue para la implementación de la Jornada Escolar Completa, o sea: inversión en infraestructura. Política orientada a duplicar la capacidad de los establecimientos para la atención de la totalidad de la matrícula en un período único y continuado de clases. Cae de maduro el hecho de que esa inversión cuantiosa no tiene nada que ver con “calidad” de la educación. El proyecto Enlaces, como ejemplo, fue una inversión cuantiosa, por los costos de su operativización, pero al estar expuesta a incentivos que no permitieron en su oportunidad el pleno funcionamiento, difícilmente pudo aportar al mejoramiento de la calidad de la educación, y hoy, cuando los computadores “entraron” a nuestra cultura, dichos equipos están absolutamente obsoletos, parte de un programa sin continuidad real. La cosa no va mejor cuando nos preguntamos por la inversión en capacitación a los docentes, pues la “bajada” de los Planes y Programas de la Reforma se realizó con grandes recursos, pero a costa de la calidad de la capacitación, al ser entregada esta a organismos que pretendieron lucrar con los PPF, a vista y paciencia de la autoridad.
Siguiendo la línea argumental de los dos Diputados, al insistir majaderamente en implementar un sistema de vouchers, como recurso para el mejoramiento de la calidad de la educación por compentencia, no se sostiene por sí sola. Las personas pueden poner a sus niños en los establecimientos que decidan… donde hay posibilidad de hacerlo, esto, fundamentalmente en los centros urbanos. Pero el sistema pierde toda eficacia donde el mercado de la oferta no funciona, esto es, en el sector rural o de desempeño difícil. En tal sentido, desde la Asociación Chilena de Municipalidades proponemos que se instaure la modalidad de pago de subvención por matrícula y no por asistencia, lo cual ayudaría a mejorar el problema del financiamiento, en especial en el sector municipal. Creemos que el protagonismo de los padres debe estar referido a resolver el problema de definir si en la educación municipal debe proveerse a su hijo o hija una educación de calidad, con los costos en términos de estudio y esfuerzo, que ello importa.
Finalmente, respecto a la información tan necesaria, que propician los dos Diputados, para transparentar el desempeño de los establecimientos, creemos que esta debe contener, además de los estrictamente académico, información referente a lo financiero. Los padres, apoderados y comunidad en general tienen derecho a informarse respecto a cómo se gasta el dinero de la subvención que entrega el Estado, a cómo se invierte en los procesos educacionales el dinero de las mensualidades, a fin de transparentar la situación de aquellas entidades que lucran con la actividad educacional, en desmedro de las inversiones necesarias para el mejoramiento de la educación. En tal sentido, creemos necesario que el resguardo judicial sobre la educación, debe estar orientado en primer término a la necesidad que los recursos destinados a educación y que son entregados tanto a Municipalidades, como a sostenedores privados, deben ser utilizados en ello, pues el enriquecimiento por esta vía, en nuestro ordenamiento, no está contemplado.
En la Asociación Chilena de Municipalidades hemos venido trabajando en poner sobre la mesa el problema de la verdadera Descentralización de la Educación, como herramienta eficaz de dar un giro hacia la calidad, revisando la micropolítica aplicada en estos años, haciendo hincapié en el fortalecimiento de la autoridad de la escuela, de los directivos y de los profesores; haciendo hincapié en el cambio definitivo de los reglamentos de evaluación; terminar con las políticas que apuntan a una baja en las exigencias; merced del cambio definitivo al financiamiento.
Energía y Ciudadanía
El gobierno ya está promoviendo el diseño de una política energética de largo alcance que sea capaz de dar cuenta tanto de los desafíos que Chile enfrenta, así como de los potenciales que se tienen.
La discusión la había comenzado Ricardo Lagos cuando a raíz de los primeros recortes en el suministro del gas argentino, exploró las posibilidades de importar gas licuado desde Asia, el que luego era tratado en puertos chilenos, para su posterior uso.
Los más osados han propuesto que la energía nuclear es una posibilidad de desarrollo energético para Chile y los más pragmáticos plantean que los problemas tienen mayores posibilidades de solución en el campo de la hidroelectricidad.
En fin, nosotros vemos con mucha preocupación cómo Bachelet abre la discusión sobre política energética con el empresariado sin sumar a la ciudadanía. Nos preocupa, porque la definición de una política energética tiene que ver con el tipo de desarrollo que esperamos TODOS emprender y ese desarrollo no puede ser impuesto, ya no más. No porque “las masas” hayan despertado, sino porque cualquier alternativa de desarrollo en el marco de una nación que valora la democracia, debe ser con la gente.
Creemos insuficientes los argumentos que se esmeran por hacer ver que la ciudadanía “no está preparada” o “no sabe” de estas cosas. Lo peor es creer a la gente estúpida como justificación para operar políticas desde arriba.
Por ello proponemos que personalidades como los académicos de la Universidad de Chile, de la facultad de ciencias nos cuenten si tenemos o no un potencial de recursos humanos para operar centrales nucleares, o si ello es seguro desde el punto de vista civil, industrial y también medioambiental. Queremos escuchar a los ambientalistas, a Sara Larraín, a quienes han hecho propuestas de desarrollo alternativo, sin enfrentar sus propuestas a partir de prejuicios, sino también bajo el filtro de los necesarios análisis de costos-beneficios que suponen, pero sin manipulación. Por cierto, también queremos escuchar a los empresarios, que con seguridad absoluta han iniciado los Estudios de Impacto Ambiental para la construcción de las centrales en los ríos del sur. A decir verdad, ello no es culpa de los empresarios, porque si el gobierno da la sensación de que son los “únicos” interlocutores válidos en este tema, claro que van a presuponer que sus propuestas son las “únicas” atendibles.
En este caso, la culpa no es del cerdito, sino de quien da el afrecho… y eso no sólo vale para el gobierno respecto a los empresarios, sino también vale para la ciudadanía respecto al gobierno.
Nosotros los municipalistas debemos liderar la posición de inclusión de la ciudadanía en la definición de las políticas energéticas, descentralizando las decisiones, pues en definitiva las centrales y las plantas, con sus residuos e impactos son vividos directamente por nuestras comunidades.
Revisión de la JEC
En un paso lógico después de las movilizaciones nacionales de los estudiantes, el Ministerio de Educación ha iniciado un proceso de revisión de la Jornada Escolar Completa, que contempla consultas a los profesores, padres y apoderados y a los alumnos.
O sea, un problema que surge de la falta de financiamiento generalizado y la constatación de una caída sistemática en la calidad de la educación por la aplicación de micropolíticas erradas, deriva en una apertura de la discusión, que bien puede desembocar en un cuestionamiento a las últimas prácticas de “resistencia” a rebajar aún más los estándares de exigencia y calidad en la educación municipal.
Como lo señalará el académico César Riquelme –asesor de nuestra Comisión en temas de descentralización y educación- la tan mentada “descentralización” ha operado en el ámbito de la escuela privada, no así en la escuela pública, quedando claro el imperativo de avanzar en tal sentido, sin sacrificar calidad, con un sentido de equidad.
Concordante con ello, Lily Ariztía, de la Sociedad de Instrucción Primaria, ha señalado que "Si el ministerio no dice claramente que la voluntad, el esfuerzo y el hábito de estudiar son prioritarios, no vamos a lograr superar las marcas nacionales que tenemos".
Pero vemos, sin embargo, que el Ministerio está dando señales que a la larga pueden profundizar la crisis, incubando percepciones erradas sobre el trasfondo del tema: el mejoramiento de la calidad de la educación a través del avance en la descentralización.
(Mayores antecedentes los puede Usted requerir al Señor César Riquelme Alarcón, a través de este Blog).
Viviendas sociales y Descentralización efectiva
En el diario El Mercurio del día domingo 13 de Agosto apareció, en el suplemento Artes y Letras, una columna del arquitecto Sebastián Gray, que -debo confesar- reproducimos integramente sin ningún tipo de permiso, todo porque se condice con un tema que nos llama la atención: construir DESCENTRALIZACIÓN desde la comunidad, desde el nivel primario, ese que siempre está en contacto con la Municipalidad.
Este artículo hace una propuesta que si es considerada, puede constituir un paso desicivo a la hora de definir descentralizadamente, cómo se construye comunidad.
Domingo 13 de agosto de 2006, Artes y LetrasSebastián Gray Casas, casetas, casitasLos pobres de Chile siguen siendo tratados como tales, recipientes de una caridad mal disfrazada de progreso, sin capacidad de decidir dónde y cómo quieren vivir. El problema de la vivienda social es el de la integración social. Incluso hablar de calidad es insuficiente: de poco sirve una habitación más, o un mejor techo, si se sigue estigmatizando a un sector de la población.Tras veinte años de una política estable de financiamiento para la vivienda social, parece oportuno evaluar algunos resultados y tomar postura frente a los desafíos que persisten. En este período, el sector privado ha participado de manera importante en la construcción masiva de viviendas, mientras que el Estado ha experimentado con subsidios en diversas fórmulas que han logrado reducir significativamente el déficit de vivienda básica, llegando hoy a las 500.000 unidades. Sin embargo, es obvio que no hemos logrado soluciones satisfactorias y, gracias al sostenido desarrollo económico de las últimas décadas y la consiguiente evolución de estándares y actitudes, la sociedad entera comienza a distinguir entre la mera solución de un problema cuantitativo y aquél de la provisión de calidad, dignidad y oportunidades.AbismosHecho evidente el abismo entre pobres y ricos, finalmente comprendemos las verdaderas implicancias de una política de vivienda social que por generaciones ha fomentado la segregación y la desigualdad, dividiendo a la ciudad en dos, y que hoy nos pasa la cuenta. Es probable que buena parte de nuestros males urbanos (la drogadicción, la delincuencia, el vandalismo, la indiferencia) se deba a la actitud condescendiente y clasista que históricamente ha subyacido nuestras políticas públicas de vivienda: desde los rigurosos conjuntos de habitación obrera de comienzos de siglo, pasando por los campamentos de emergencia -que devinieron permanentes- y las poblaciones "marginales" de los años '60 y '70, hasta las "erradicaciones" (la propia etimología del término manifiesta el drama de la operación) efectuadas durante el régimen militar. En todos estos casos, la vivienda social ha sido concebida como una imposición que justifica mínimos estándares con el fin de maximizar los recursos, y de esta manera hemos ofrecido construcciones inaceptablemente precarias, enormes conjuntos excesivamente densos, carentes de servicios y equipamiento comunitario, y sobre todo pésimamente localizados en la periferia por el bajo costo de los terrenos: siempre lejos, lejos de todo, lo más lejos imaginable.PosibilidadesAparentemente, la vivienda social ha sido diseñada a la medida de las posibilidades y principios de cada época: por largo tiempo las mediaguas de tablones nos parecieron aceptables; más tarde, la provisión de un terreno urbanizado con una caseta sanitaria (las inversiones fundamentales) parecía un logro, el mismo que ahora es convertido en escándalo por una prensa majadera e ignorante. Hoy en día se ofrece una vivienda más completa, financiada por una combinación de ahorro previo, un subsidio estatal a la empresa constructora privada, y un crédito hipotecario. Si bien este sistema ha servido para suplir en cantidad, adolece de irremontables defectos: al subsidiarse la oferta, la empresa privada decide unilateralmente qué hacer y dirige todos sus esfuerzos a la generación de utilidades, lo que explica la construcción repetitiva y a gran escala de la vivienda más barata posible en terrenos sin valor, y explica también la falta de incentivos a la innovación en construcción y diseño. El resultado es que los pobres de Chile siguen siendo tratados como tales, recipientes de una caridad mal disfrazada de progreso, sin capacidad de decidir dónde y cómo quieren vivir, y de todas maneras sin oportunidades de surgir. Sólo recientemente se ha comprendido la necesidad de ajustar la política habitacional a una visión global de ciudad y sociedad, creando programas que promueven conjuntos de menor tamaño, con la exploración de nuevos y mejores tipos de vivienda, con planes de apoyo social y sin el crédito hipotecario que se ha convertido en un lastre, así como programas que fomentan la renovación, densificación y rehabilitación en áreas urbanas consolidadas, los mismos barrios donde muchas familias allegadas viven actualmente, y que no están dispuestas a desarraigarse sólo porque "el sistema" los obligue. Ahí donde el mercado no pudo, el Estado vuelve a tomar las riendas.El problema de la vivienda social es, en el fondo, el problema de la integración social. En este sentido, incluso hablar de calidad es insuficiente: de poco sirve una habitación más, o un mejor techo, si se sigue estigmatizando a un sector de la población al ofrecerle una casita experimental multicolor y mal localizada, de todos modos identificada con la pobreza. La verdadera integración implica, precisamente, hacer desaparecer las diferencias, tanto físicas como sociales. El ámbito físico de lo construido es el primer paso, y la clave aquí es la mímesis; es decir, que la vivienda sea indistinguible de la de cualquier ciudadano, y que corresponda a su entorno geográfico y cultural. El subsidio, entonces, que por décadas se ha dirigido a la oferta, debería entregarse directamente al comprador para que pueda elegir sin restricciones, según su gusto y expectativas, entre todas sus opciones disponibles. ¡Qué notable efecto tendría esto en el mercado, finalmente compitiendo por calidad!Sin duda que esta pertenencia física haría posible, tal vez en el curso de una generación, una efectiva integración social, una cultura de la oportunidad, la que en todo caso debería ser apoyada con programas e inversiones que valoricen la vida de barrio en sectores desaventajados, mediante excelente equipamiento comunitario, espléndidas áreas verdes y educación pública de primera calidad, y que además promuevan el tiempo en familia, especialmente el de las mujeres jefas de hogar, mediante jardines infantiles decentes y una real flexibilidad laboral. Se habrán terminado para siempre las pomposas inauguraciones de casitas de laboratorio, y habremos inaugurado una nueva era de esperanza.
Descentralización y Participación para el Desarrollo Sustentable
La participación de los individuos y las comunidades en el mantenimiento de sus ambientes de vida debe promoverse y apoyarse. La participación comunitaria tiene que plasmarse en estrategias para el desarrollo sustentable en cada nivel de la organización social y política debiendo estimular y apoyar redes de intereses, ya sea constituidas por organizaciones y/o personas que actúen en colaboración mutua y concordancia con el principio básico de construir una mejor calidad de vida en los espacios territoriales donde se desenvuelven, para todos y con todos; a fin de fomentar la integración de preocupaciones y recursos sectoriales en procesos de desarrollo local, democráticos y participativos.
El desarrollar actividades que impliquen la participación activa de la comunidad en temas ambientales, es fundamental, dado que es la propia comunidad la que maneja mejor información sobre los problemas que la aquejan, lo cual debe orientar el establecimiento, en forma conjunta, de las líneas de acción en busca de solucionar las posibles dificultades que se deben enfrentar.
Creemos positivamente que los municipios deben trabajar en la entrega de capacidades de ingerencia, identificación y prevención de ciertas problemáticas o situaciones que puedan afectar la integridad de las comunidades, es por ello que es vital la formación de la ciudadanía, dando énfasis desde muy temprana edad y reforzarla constantemente.
Desde esta perspectiva, deberíamos recobrar el rol de niños y jóvenes como actores sociales, responsables de sus espacios cotidianos y con capacidad de incidir con acciones y educación en el mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad. Con esto, se incentiva y se reconoce la formación ciudadana como un proceso gradual, que debe empezar desde edad temprana para conocer sus derechos y responsabilidades como ciudadanos, en una perspectiva práctica y viva de la descentralización en un ámbito donde el ordenamiento jurídico contempla la participación inclusiva, primer paso para otras dinámicas de participación que la comunidad, a través de los municipios, debe ir ganando.
La inclusión participativa y la descentralización, son conceptos altamente abstractos, que pueden impulsar una discusión a su vez abstracta… y la verdad es que la Comisión de Descentralización y Regionalización no está dispuesta a sólo ocupar tiempo en ella, sino más bien, en impulsar una práctica inclusiva y descentralizadora de la discusión, de los diagnósticos, de la resolución de los problemas medioambientales y el desarrollo sustentable a partir de la fuerza de la comunidad organizada.
La educación: ¿un problema económico o un problema pedagógico?
Zilic ha planteado, con meridiana claridad, que la etapa de la cobertura llega a su fin y se inaugura la de la calidad en la educación. Ello ha sido refrendado este último sábado por la Diputada Carolina Tohá, de la comisión de Educación de la Cámara y por muchos otros actores ligados al tema. Así es que aparentemente todos coincidimos en que llegó la hora de que la educación “rinda frutos” de una vez por todas, por un sentido mínimo de equidad. Pero la discusión se sigue planteando en torno a los “recursos” invertidos y cómo estos deben ser capaces de revertir la reproducción de unas ciertas condiciones de cuna, en palabras del destacado académico de la UDP, Carlos Peña González.
Pero, empíricamente este planteamiento no es suficiente, pues los recursos invertidos en el área han sido cuantiosos y no están aparejados de resultados halagüeños y entonces nada indicaría que las cosas puedan ir mejor con nuevas inversiones de capital, por sí y ante sí.
Claro está que ello no puede soslayar el hecho de que es necesario equiparar la inversión por alumno en nuestro país por un simple principio de equidad (volvemos a este problema conceptual) donde US$ 750 por alumno del sector público compiten con los frutos de los US$ 2.800 que se invierten por alumno en el sector particular (Editorial del Mercurio del 07 de Mayo) y una vez instalada esta nueva política, tendremos que esperar resultados, pues corregir la desigualdad, en especial en cuanto a procesos educativos, no es cuestión de días y semanas.
Pero cabe preguntar si puede asegurarse la calidad, con un sistema instalado de promoción automática de educandos; ¿O puede asegurarse la calidad con un discurso en pro de la igualdad que borra un sistema basado en la meritocracia? ¿Es posible que la subvención diferenciada por logros, pueda escapar de la creación de “sacos” de financiamiento por parte de las Municipalidades, para cubrir los costos de Educación? ¿Es posible asegurar la calidad de la educación con un reglamento de evaluación que permite que un educando pueda aprobar la enseñanza básica y la media con Lenguaje y Comunicación y Educación Matemática con “promedio rojo”? (al respecto, nuestro amigo Peña podrá soñar esta noche con que sus alumnos puedan egresar de Derecho reprobando sistemáticamente Derecho Romano y Derecho Internacional Público).
Inversión, evaluación del desempeño y estándares de calidad son harinas de distinto costal que al caso de la discusión actual, han sido mezcladas armando un amasijo, en que suponemos la existencia de vasos comunicantes que porfiadamente no se manifiestan. Al parecer, lo meramente económico no resuelve lo estrictamente pedagógico… quizás lleguemos a entenderlo cuando revisemos la descentralización de la educación ligada a la calidad y la equidad sin ideologismos de ninguna especie y si con sentido pedagógico.
Privatizar no es la solución.
Acusamos recibo de la editorial publica por diario El Mercurio el domingo 30 de Abril pasado, pero insistimos en sostener que la revisión de la municipalización no debe estar supeditada a una revisión de la dependencia municipal de los establecimientos, mas si al cambio de una serie de políticas públicas equivocadas en educación, que de ser revisadas, sabemos que provocarán que muchas de las responsabilidades que se suponen radicadas en la sala de clases, se sitúen en el Palacio de Gobierno, que desde el Mineduc ha impulsado prácticas que son nocivas para el mejoramiento de la calidad de la educación.
La estratificación de la educación y su falta de vinculación con un proyecto de movilidad social efectiva, no permite que la educación pública sea percibida por la ciudadanía como una llave para el desarrollo, cruzando el tema de las expectativas de padres y apoderados.
El cambio de los decretos de evaluación y la pronta aplicación de la concursabilidad de los cargos de Director, son prioridades que se deben abordar con celeridad, más allá de las legítimas posiciones ideológicas que cruzan la discusión sobre la exigencia en la educación en Chile.
Fortalecer la administración municipal es también otra prioridad que se debe abordar sin demora, revisando la excesiva burocracia del Ministerio de Educación, pero sostener majaderamente que la solución mágica a la calidad de la educación está ligada a su privatización, no es más que un discurso extremadamente ideológico e interesado.
La discusión que viene
Hemos continuado nuestro trabajo de construcción de una propuesta de trabajo para la Comisión, y creemos necesario informar que las dinámicas planteadas por la discusión, en el período que se abre con la actual administración de gobierno, indica que dos nudos en el área de la Descentralización serán lo pertinente a la
Organización y Participación Ciudadana, por una parte, y la necesaria revisión a la
Municipalización de la Educación.
Organización y Participación Ciudadana:Es necesario que los procesos de asignación de recursos desde el Fondo de Desarrollo Regional y otras instancias de financiamiento de programas municipales y desarrollo local, avancen en la estructuración de proyectos con aval de la comunidad, a través de la organización y la participación ciudadana activa, no como un requisito de mero formulismo, sino donde las decisiones y proyecciones que haga la comunidad organizada, sean vinculantes para la ejecución de los mismos.
Municipalización de la Educación:
Sabido es que el largo proceso de Reforma Educacional está cumpliendo con uno de los ciclos que tenía previsto, esto se desprende de lo señalado por el Ministro Zilic, quien ha dicho que estamos terminando la etapa de ampliación de la “cobertura”, para iniciar la de la “calidad”. En el intertanto, han surgido voces que pretenden pasar desde la etapa de “municipalización” de la educación a la de “privatización”, tal como lo contemplaba la iniciativa del gobierno militar. Entonces es necesario que discurramos en este proceso de descentralización, preguntándonos si está completo, si están hechos todos los esfuerzos por asegurar calidad y equidad a través de un sistema público de educación, etc.
Es a debatir estos temas a lo que los invitamos, a fin de que las Municipalidades tengan parte en la discusión que se vislumbra, en tanto órganos de poder local y mandantes directos de la comunidad.
Escríbenos a
concejalfernandoverdugo@yahoo.es
Descentralización y Educación
Deseo expresar mi personal respaldo a las expresiones del ministro Zilic, en torno a avanzar en la descentralización de los procesos administrativos y de asignación de recursos, para resolver, por ejemplo, la implementación de la Jornada Escolar Completa. Debo recordar que uno de los actores relevantes en la implementación de la JEC, son los municipios, quienes muchas veces no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a la implementación práctica de la JEC y el mantenimiento adecuado de los nuevos establecimientos, con lo que ruego al Ministro sumar a las municipalidades en esta iniciativa.
Creo que las soluciones planteadas por el Ministro, se pueden sumar a lo señalado por el rector Rosso (PUC), quien ha manifestado su interés por la situación general de la educación pública, sosteniendo que sería bueno que las universidades tradicionales intervinieran en la gestión de los establecimientos, impulsando una modalidad de colegios particulares subvencionados. Al respecto me gustaría destacar que en el municipio de Peumo, sexta región, se ha logrado un trabajo conjunto entre una escuela pública, que sin modificar su dependencia municipal, ha desarrollado un trabajo exitoso con un panel externo de una universidad perteneciente al Concejo de Rectores, autoimponiéndose metas de gestión educativa, lo que ilustra que la intervención universitaria en el tema del mejoramiento de la calidad de la educación, no se supedita al cambio de dependencia de los establecimientos intervenidos.
La descentralización como medida ha dado para mucho, pero nos parece que ya viene siendo hora de establecer un diálogo adecuado en torno a la medida que tomara el gobierno militar y sus repercusiones en el tiempo, donde sin duda, al Estado le cabe protagonismo y una responsabilidad particular.
Fernando Verdugo Valenzuela
Presidente Comisión Descentralización
Asociación Chilena de Municipalidades
Profesor Básico premiado Asignación Excelencia Pedagógica 2005-2006
Ley de Rentas II
La Ley de Rentas Municipales II fue tan esperada, que incluso nos dejó indiferentes en varios aspectos que hoy penan a las administraciones municipales de diversas regiones.
Sin duda se trata de un avance en materia de descentralización, pero con costos disímiles y difíciles de calibrar aún.
El alza de los avalúos ha sido sin duda una instancia que creemos justa para poner al día a aquellos vecinos que más tienen, respecto de aquellos que requieren de la asistencia municipal, y de la comunidad en su conjunto, cuando estos dineros apuntan a la modernización de las comunas.
Para nadie es un misterio que este proceso en particular ha sido ampliamente resistido por sectores de interés “afectados”, para lo cual se ha abierto una discusión que nosotros como Asociación Chilena de Municipalidades no estamos dispuestos a avalar, a pesar de apoyar la iniciativa del SII que apuntan a revisar aquellas situaciones que merezcan reconsideración.
Pero por otro lado, los municipios más pequeños, con menos posibilidades de generación de recursos propios han visto con preocupación, cómo esta Ley de Rentas II ha significado sumar otra onerosa responsabilidad a la agobiada billetera municipal, al declarar la exención de derechos de aseos justamente a vecinos cuyas propiedades significan la mayor parte del territorio comunal.
Esta será una discusión que debemos dar, buscando la corrección necesaria en las cuentas que se sacaron cuando la ley era teoría.
Cómo aportar
Espero que este verano lo pasen bien, ya descanses del agotador trabajo de campaña y que puedas aportar en el trabajo de la Comisión de Descentralización y Regionalización. La idea es que organicemos ejes temáticos sobre los que podamos desarrollar una gestión participativa.
La propuesta es que pudiéramos avanzar en puntos sensibles para todos, en tal sentido me atrevería a aseverar que uno de los nudos se presenta en la inversión para el desarrollo en regiones, pues observamos no sin preocupación, que la inversión en términos generales se la llevan las zonas metropolitanas (Santiago, Concepción y Valparaíso) y el resto de las municipalidades del país recibimos menor inversión, pero quizás esto se deba en gran medida a una falencia propia en la gestión de las municipalidades alejadas de los centros. Este punto de vista lo desarrollo con mayor profundidad en un documento que puedes solicitar al correo
concejalfernandoverdugo@yahoo.es.
La otra vertiente de trabajo es la que tiene que ver con los proyectos de desarrollo en regiones, los que beneficiando a todo el país muchas veces no contemplan suficientemente el impacto negativo en las comunas, las que obviamente para nosotros son rostros y vidas muy concretos.
Tales iniciativas son por ejemplo Pascua Lama en la Tercera Región; las hidroeléctricas que se proyectan en Aysén; la termoeléctrica en San Vicente de Tagua Tagua en la Sexta región, entre otras. La perspectiva es que las regiones no podemos solventar el desarrollo a costa de la destrucción masiva de ecosistemas únicos, que son patrimonio de nuestras comunas y nuestra gente. Ello no puede ser una moneda de cambio por la inversión.
Estos son sólo dos elementos que podemos comenzar a discutir, pero necesitamos de la opinión de todos y por ello, te invito a plantear propuestas y observaciones.
Un fraterno saludo,
Fernando Verdugo
Trabajo y discusión
Espero que este verano lo pasen bien, ya descansados del agotador trabajo de campaña y que puedan aportar en el trabajo de la Comisión de Descentralización y Regionalización.
La idea es que organicemos ejes temáticos sobre los que podamos desarrollar una gestión participativa.
La propuesta es que pudiéramos avanzar en puntos sensibles para todos, en tal sentido me atrevería a aseverar que uno de los nudos se presenta en la inversión para el desarrollo en regiones, pues observamos no sin preocupación, que la inversión en términos generales se la llevan las zonas metropolitanas (Santiago, Concepción y Valparaíso) y el resto de las municipalidades del país recibimos menor inversión, pero quizás esto se deba en gran medida a una falencia propia en la gestión de las municipalidades alejadas de los centros. Este punto de vista lo desarrollo con mayor profundidad en un documento que les envío por email.
La otra vertiente de trabajo es la que tiene que ver con los proyectos de desarrollo en regiones, los que beneficiando a todo el país muchas veces no contemplan suficientemente el impacto negativo en las comunas, las que obviamente para nosotros son rostros y vidas muy concretos.
Tales iniciativas son por ejemplo Pascua Lama en la Tercera Región; las hidroeléctricas que se proyectan en Aysén; la termoeléctrica en San Vicente de Tagua Tagua en la Sexta región, entre otras. La perspectiva es que las regiones no podemos solventar el desarrollo a costa de la destrucción masiva de ecosistemas únicos, que son patrimonio de nuestras comunas y nuestra gente. Ello no puede ser una moneda de cambio por la inversión.
Estos son sólo dos elementos que podemos comenzar a discutir, pero necesitamos de la opinión de todos y por ello, te invito a plantear propuestas y observaciones.
Un fraterno saludo,
Fernando Verdugo
LAS TAREAS
En torno a cuestiones de Descentralización y Regionalización, nuestra Comisión no es animada, de ninguna manera, por un espíritu federalista, pues sólo nos asiste la convicción que el desarrollo de nuestro país también se juega en torno a esa otra mitad de chilenos que vivimos en regiones. Por ello, sostenemos que uno de los puntos de debate en torno al tema regional, se concentra en lo referente al uso intensivo de todos aquellos instrumentos de desarrollo regional y local que provee la legislación vigente. En lo económico, ello hace referencia a los FNDR, instrumentos que de no mediar una simplificación inteligente, se convierten en fondos nominales, más que posibilidades ciertas de desarrollo para las comunas y las regiones.
De todas formas nos mueve a preocupación el contenido del debate en torno a la situación de las regiones extremas, lo que fue comentado por el Ministro de Hacienda en el Senado como política de mediano y largo plazo, se constituye hoy en un llamado perentorio a abordar esta temática con profundidad. Punto a parte merecen los comentarios del Senador Señor José García.
...y reacciones en:
http://www.municipalidaddearica.cl/
Solicitamos a los sres.(as) Alcaldes(as) y Concejales(as) inscribirse en la Comisión Técnica de Descentralización y Regionalización. Esto tiene por finalidad abrir espacios de participación en torno a este tema, como también que el presidente de la Comisión junto con el secretario técnico, podamos recurrir y solicitar insumos y opiniones sobre la materia que lideramos. Se trata de compartir miradas distintas, a fin de construir un planteamiento plural al respecto de este trascendental tema. Con el fin que podamos comunicarnos con Usted, agradeceremos informar al e-mail concejalfernandoverdugo@yahoo.es los siguientes datos: nombre, municipalidad, dirección, correo electrónico, número de fax y teléfono para ser ubicado.Más información puede encontrar en www.munitel.cl/comisiones_2005.htm
